Lavalleja renunció al mando del Ejército de las Provincias Unidas, en tanto que Rivera se retiró lentamente de las Misiones al frente de su Ejército del Norte - en buena medida compuesto por indígenas que se habían incorporado a sus fuerzas - para ponerse a las órdenes del nuevo Gobierno Oriental.
Con motivo de un movimiento de tropas dispuesto por Rodeau, se produjo un entredicho con la Asamblea, lo que determinó que la Asamblea considerara que una comunicación que Rondeau le cursara importaba su renuncia; procediendo entonces a designar a Lavalleja como Gobernador Provisorio.
Ello determinó que Rivera movilizara sus tropas, suscitándose la posibilidad de un enfrentamiento armado, el cual podría dar motivo a la intervención de las potencias vecinas, conforme a la muy reciente Convención Preliminar de Paz. Ante ello, finalmente Lavalleja y Rivera efectuaron un acuerdo transaccional, por el cual se reconocía que Lavalleja era “depositario” del Poder Ejecutivo, se confirmaba a Rivera como comandante del Ejército, y se disponía el nombramiento de Ministros “que no pertenezcan conocidamente a ningún círculo”.
La elección de Rivera como Presidente de la República
Aprobada y jurada la nueva Constitución el 18 de julio de 1830 — que había sido asimismo aprobada por los gobiernos de Argentina y Brasil, según requería la Convención Preliminar de Paz — se realizaron las primeras elecciones para integrar sus autoridades, el primer domingo de agosto de ese mismo año; adelantándose en tres meses la fecha constitucionalmente indicada para el primer domingo de noviembre.
La confección de los padrones electorales fue realizada por los Jefes Políticos de cada Departamento. Su integración fue precaria, sobre todo teniendo en cuenta que conforme a la Constitución había muchas personas excluídas del derecho al voto (como los analfabetos, peones o sirvientes a sueldo).
El voto fue emitido en forma pública y de viva voz. No existían partidos políticos ni listas; en tanto que para ser candidado a Diputado se requería poseer una renta mínima de cuatro mil pesos, y de diez mil para serlo a Senador.
Como existían 9 Departamentos, se elegían 9 Senadores. Los Diputados eran proporcionales a la población de cada Departamento; pero como no había un censo se asignaron 5 a Montevideo, 4 a Maldonado, 3 a Canelones, San José, Colonia, Soriano y Paysandú, y 2 a Durazno y Cerro Largo.
La elección estuvo pautada por la rivalidad entre Lavalleja y Rivera, y centrada en la influencia de los caudillos que les respondían; Rivera apoyado principalmente por Montevideo, y Lavalleja, apoyado por el prestigioso Oribe y sus compañeros de la Cruzada de 1825.
Lavalleja resultó derrotado. Cuando se reunió la Asamblea General para elegir el primer Presidente de la República, fue electo Rivera por 27 votos contra 5 a favor de Lavalleja. Éste, consideró que se había cometido una injusticia en su contra, e inmediatamente asumió una actitud dirigida a socavar la autoridad de Rivera.
Rivera era, sin lugar a dudas, el caudillo más popular del territorio en esos momentos; ampliamente tenido por el mejor jinete y mejor “baqueano” por la gente de campo, pero también apoyado y apreciado por los círculos urbanos de mejor nivel cultural. Su trayectoria militar y política se había caracterizado por frecuentes fluctuaciones; pasando de teniente de Artigas a enemistarse con él y pasarse al bando brasileño en 1820 - lo que le valió ser nombrado “Barón de Tacuarembó”. Y finalmente, luego del “abrazo del Monzón”, incorporado a la Cruzada Libertadora de 1825, y cumplida su brillante victoria de Rincón que fue decisiva para la suerte de ésta; su campaña en las Misiones resultó igualmente determinante de la Convención Preliminar de Paz y del nacimiento del Uruguay como nación independiente.
Lavalleja, por su parte, había sido igualmente uno de los luchadores más consecuentes por la independencia de la Banda Oriental, finalmente determinada por su iniciación de la fundamental Cruzada de 1825.
Por otra parte, ambos se habían convertido en grandes terratenientes y ganaderos; en una época en que buena parte del territorio de la Banda Oriental estaba prácticamente despoblada y el ganado abundaba, circulando libremente por los campos sin dueño. De manera que la posesión de grandes extensiones generalmente comprendidas entre límites naturales — que eran los únicos existentes — era asumida casi de hecho, comprendiendo en ellos miles de cabezas de ganado.
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La Presidencia de Rivera
Rivera asumió su cargo presidencial el 6 de noviembre de 1830.
Sin embargo, la personalidad de Rivera, forjada en el combate a caballo, al mando de unas tropas fundamentalmente integradas por paisanos del campo, tenía de la autoridad y del mando una concepción basada principalmente en el ascendiente personal y en la lealtad de sus subordinados. Su concepto de la Presidencia de la República - si alguno de sentido institucional tuvo - no se avenía al desempeño de funciones de administración en un régimen de residencia sedentaria. Rivera no era hombre de sentirse a gusto en la ciudad.
De tal manera, ejerció su gobierno en gran medida recorriendo los territorios del país, mezclándose con el paisanaje del cual recibía permanentemente demostraciones de apoyo, admiración y afecto. De tal manera, no solamente pasaba la mayor parte de su tiempo lejos del hogar familiar — donde su esposa Bernardina Fragoso solía permanecer solitaria — sino de sus despachos oficiales, prefiriendo llevar las oficinas a cuestas por las cuchillas.
Naturalmente, eso determinó que en gran medida la labor de gobierno quedara en manos de una serie de funcionarios que le eran allegados; casi todos los cuales habían sido integrantes de un llamado “Club del Barón” durante la época en que servía a los brasileños en la Provincia Cisplatina. Esos eran, principalmente, Nicolás de Herrera, José Ellauri padre, Lucas Obes, Juan Andrés Gelly, Julián Álvarez, a los que se sumó Santiago Vázquez, y que de hecho eran los que verdaderamente ejercían el gobierno.
Varios de ellos no se habían destacado anteriormente por su adhesión a la causa de la Patria oriental; especialmente habían apoyado al régimen luso-brasileño, junto con Rivera. En realidad, conformaban un grupo calificado de “camarilla”, que teniendo parentesco entre sí eran también conocidos como “los cinco hermanos”. Posteriormente, durante el gobierno de Oribe, quedó en evidencia que llegaron a cometer importantes actos de despilfarro y fraude con los dineros del Estado.
No obstante, también cumplieron una importante y positiva obra de gobierno; actuando Ellauri como Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Obes como Fiscal de Gobierno, Álvarez como miembro del Tribunal de Apelaciones. Nicolás de Herrera cumplió una importante labor de influencia sobre el gobierno; en tanto que Vázquez se convirtió desde fines de 1831 en una especie de “ministro universal” al desempeñar simultáneamente cuatro Ministerios.
Sin duda, los problemas a resolver abundaban, tras 19 años de guerras permanentes. Estimaciones de dudoso valor asignaban al territorio un población del orden de los 74.000 habitantes, de los cuales 14.000 residían en Montevideo y sus alrededores. En los campos, deambulaba una población indígena de origen guaraní pero preferentemente charrúa. La mayor parte de estos últimos no había aceptado integrarse en la sociedad civilizada, de modo que eran generalmente considerados como elementos indeseables e irrecuperables, que hostigaban las estancias y robaban el ganado. No existía practicamente legislación civil o comercial; la propiedad estaba indeterminada; la moneda nacional era desdeñada y sustituída de hecho por las libras esterlinas de oro; no existían Bancos; el comercio internacional mayormente con Inglaterra, Brasil, Estados Unidos y España era altamente deficitario dado que casi la única mercadería exportable era el tasajo de carne vacuna salada.
Ni siquiera estaba claro cuál era el territorio nacional, cuáles sus fronteras - especialmente con el Brasil, cuya delimitación postergada en la Convención Preliminar de Paz para un Tratado posterior, nunca se había concretado.
Tampoco estaban delimitadas las propiedades privadas de las tierras. En teoría, todo el territorio pertenecía originariamente a la corona española invocando el derecho de conquista; y, como su sucesor, al Estado representado por los gobiernos de origen revolucionario y no siempre legitimados por una formalidad jurídica.
En los hechos, algunos podían invocar un título que pudiera considerarse legítimo, el cual podía provenir desde la época de la colonización española iniciada con la fundación de Montevideo, haber sido otorgados bajo la dominación porteña, bajo el Reglamento artiguista de 1815, por el dominio luso-brasileño de la Provincia Cisplatina, y hasta por las autoridades efectivas durante el proceso de independencia iniciado en 1825. Pero buena parte de los que ocupaban las tierras lo hacían como ocupantes de hecho, aunque en algunos casos tenían una importante antigüedad como poseedores; cuya legitimidad trataban de hacer prevalecer ante quienes invocaban otros títulos jurídicos anteriores.
De manera que el nuevo Estado terminó aceptando en forma casi total cualquier clase de título que se invocara; con excepción de los derivados del Reglamento de Tierras dictado por Artigas en 1815; tratando de determinar en qué casos la ocupación invocada había sido efectivamente ejercida o era meramente invocada sin que realmente respondiera a una verdadera ocupación.
La actuación de Ellauri como Ministro de Gobierno se orientó en buena medida al desalojo de muchos que invocaban ser ocupantes de predios de medianas y pequeñas dimensiones; especialmente cuando no evidenciaban disponer de condiciones para explotarlos y haberlos poblado adecuadamente con ganado. Ello suscitó una resistencia hacia el Gobierno entre los pobladores de la campaña, que fué un factor utilizado por Lavalleja en sus acciones contra Rivera. Por tal motivo, Rivera sustituyó a Ellauri por Santiago Vázquez, quien procedió en el tema con mayor cautela.
Santiago Vázquez comenzó por declarar de propiedad fiscal todas las tierras nacionales; y limitando la admisión de invocar ocupación a superficies no superiores a 5 leguas. Invalidó las adjudicaciones efectuadas conforme al Reglamento de 1815, y estableció un principio de que todo poseedor debía pagar su permanencia al Estado, o a quien tuviera anteriores derechos de propietario.
La situación financiera y económica fue encarada prohibiendo la circulación de las monedas de cobre de origen brasileño y del papel moneda argentino. De todos modos, la administración fiscal fue sumamente descuidada, sin una clara distinción entre los dineros públicos y los privados de los gobernantes; habiéndose originado un endeudamiento muy importante para la época, que el ulterior gobierno de Oribe estimó en más de 2:000.000 de pesos.
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La acción de Salsipuedes contra los indios charrúas
Sin duda, uno de los aspectos más polémicos de la Presidencia de Rivera, ha sido el episodio relativo a la acción llevada a cabo en Salsipuedes contra los indios charrúas.
Parece claro que en la época existía en las autoridades el concepto de que los remanentes de algunas tribus de charrúas, que se desplazaban libremente por los campos sobre todo en los territorios del norte, casi como en la época precolonial, constituían un obstáculo insalvable para la estructuración de una sociedad que debía organizarse sobre bases del orden y del respeto a la propiedad.
Existe un buen grado de consenso histórico en que las tribus indígenas que poblaban el territorio comprendido a ambos lados del Río Uruguay, eran fundamentalmente del tronco guaranítico; aunque conformados en diversos agrupamientos y de distinto comportamiento. Buena parte de ellos habían tendido a vivir en forma sedentaria; en buena medida luego de los establecimientos fundados por los Jesuítas en las llamadas Misiones. Otros se iban integrando en la incipiente sociedad rural, y en el mestizaje.
En gran medida, los integrantes de esas ramas indígenas parcialmente sedentarios, habían formado parte de las partidas de combatientes y de los desplazamientos de tropas y poblaciones causados por las alternativas de las luchas revolucionarias conducidas por Artigas y otros líderes de la revolución libertadora; y también lo habían hecho entre ellos, grupos de indios charrúas y sus caciques.
A su retorno de las Misiones, Rivera había intentado de asentar en Bella Unión a parte de las grupos que lo habían acompañado en esa campaña.
De todos modos, el comportamiento de algunos grupos de indígenas charrúas — que ya desde el final de la época colonial habían sido el motivo de la constitución de los propios Blandengues para combatir sus tropelías — continuaba siendo el motivo de reiteradas protestas y levantaba insistentes reclamos por parte de los colonos y propietarios de las estancias, que consideran ineludible poner término final a esa situación.
La necesidad de terminar con las predaciones que causaban, era compartida en todo el territorio, y por todos los dirigentes políticos. El propio Lavalleja recomendó a Rivera, en febrero de 1830, adoptar las providencias “más activas y eficaces” para la seguridad de los vecindarios y la garantía de las propiedades afectadas por los charrúas; a los que consideraba “malvados que no conocen freno alguno que los contenga”, y que no podían dejarse “librados a sus inclinaciones naturales”.
La decisión de poner fin al azote de esos grupos charrúas sobre los campos, quedó así a cargo de Rivera. Rivera y sus tenientes habían establecido buenas relaciones con algunos caciques en la época de los combates contra los diversos ocupantes del territorio. Rivera también gozaba de popularidad y adhesión entre los indios; con lo cual pudo atraer a los principales caciques y su gente a una emboscada. Desde su posición de Presidente, Rivera convocó a los principales caciques charrúas, llamados Polidoro, Rondeau, Brown, Juan Pedro y Venado, junto con todas sus tribus, a una reunión a realizarse en un bucle o “potrero” formado por el arroyo Salsipuedes, afluente del río Negro, el 11 de abril de 1831; diciéndoles que el Ejército los necesitaba para cuidar las fronteras del Estado.
Según los relatos, lo entonces acontecido resulta especialmente reprobable. Agasajados y emborrachados, fueron atacados por una tropa de 1.200 hombres al mando de Bernabé Rivera. Se dice que el propio Gral. Rivera dió la señal de iniciar el ataque, haciendo fuego sobre el cacique Venado, luego de pedirle que le entregara su cuchillo para picar tabaco.
Otro cacique charrúa, Vaimaca Perú, habría reprochado su acción a Rivera diciéndole “Mirá a Frutos, matando a los hermanos”; con lo cual no fue muerto. El saldo fue de 40 indios muertos y 300 prisioneros; de los cuales algunos lograron huir siendo empeñosamente perseguidos por Bernabé Rivera. Entre las tropas hubo 9 heridos, pero resultó muerto Maximiliano Obes, hijo de Lucas J. Obes, que contaba 20 años de edad.
Los indígenas prisioneros fueron trasladados a pie hasta Montevideo. La mayor parte de ellos, compuesta fundamentalmente por mujeres y niños, quedaron a cargo de familias de Montevideo donde sirvieron fundamentalmente en tareas domésticas; hasta que sus descendientes terminaron asimilándose con el resto de la población.
Algunos caciques (Vaymaca Perú, Tacuabé, Senaqué y la mujer de Tacuabé, Guyunusa) fueron vendidos a un francés llamado François de Curel, quien los trasladó a París donde fueron exhibidos como ejemplares exóticos de América. Todos ellos murieron en cautiverio, excepto Tacuabé que logró huir llevándose al hijo que su mujer dió a luz, sin que nunca más se supiera de él.
De todos modos, la llamada “guerra de los charrúas” no se agotó en la acción de Salsipuedes. Bernabé Rivera, en particular, tuvo un especial empeño en encontrar y exterminar a los que lograron escapar, en lo que él mismo describió como “el gran interés que tomo en la conclusión de los infieles”. El 17 de agosto de 1831, Bernabé Rivera sorprendió en Mataojo, cerca de la desembocadura del río Arapey grande, a un grupo de charrúas comandado por los caciques El Adivino y Juan Pedro, a los que atacó saldándose el episodio con 15 muertos y más de 80 prisioneros. Bernabé Rivera informaba que habían conseguido escapar 18 hombres, ocho “muchachos de siete a doce años, y cinco chinas de bastante edad”, entre ellos, el cacique Polidoro, único cacique que quedó sobreviviente.
Bernabé Rivera se dedicó a perseguir a Polidoro. El 16 de junio de 1832 ubicó un grupo de charrúas que huyeron hacia una hondonada llamada Yacaré-Cururú, aunque en realidad montaron una emboscada en que mataron a Bernabé, nueve soldados y dos oficiales. El cadáver de Bernabé Rivera fué encontrado cerca de allí dos días después, presentando signos de haber sido sometido a grandes tormentos.
De todos modos, los charrúas dejaron de ser un azote para los establecimientos agrupecuarios. Bernabé Rivera fue sepultado como un héroe en el Cementerio Central, y el autor del Himno Nacional, Francisco Acuña de Figueroa escribió un poema enalteciendo su memoria.
Pero, por otro lado, no ha dejado de señalarse que existía de mucho tiempo antes un clamor general para poner fin a sus fechorías, y que el número de muertos condice más con el intento de resistencia al apresamiento, que con el frecuentemente proclamado “genocidio”.
Las muertes de charrúas en Salsipuedes, no obstante su indudable carácter alevoso, no significaron en absoluto la extinción de una raza; ni siquiera del grupo que encabezaban los caciques allí reunidos. Como detalle significativo al respecto, se ha indicado la circunstancia de que seguramente fueron los sobrevivientes de Salsipuedes, los que ulteriormente tomaron venganza matando a Bernabé Rivera.
También es cierto que los charrúas no formaron el núcleo más importante de las poblaciones indígenas precoloniales en las áreas geográficas del “hinterland” rioplatense; ni se limitaban a ocupar el territorio que ulteriormente correspondió al Uruguay como país. Por lo que no es ni históricamente ni desde otros puntos de vista correcto, mucho de lo que se ha sostenido y exaltado a su respecto; ni su consideración como la etnia precolonial de ese territorio, cuya población actual es, desde el punto de vista sociológico, de origen y cultura predominantemente europeo.
Las sublevaciones de Lavalleja
Durante la Presidencia de Rivera, surgieron varias situaciones de tensión entre Rivera y Lavalleja.
En 1831, Rivera removió del cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército, al Cnel Eugenio Garzón, que era hombre de confianza de Lavalleja; en tanto que al año siguiente el Gobierno — en aplicación de su política de tierras — reclamó a Lavalleja la devolución de dos estancias que él había proclamado como de su propiedad.
Algunas unidades militares se sublevaron contra la autoridad del Gobierno, encabezadas por el Cnel. Eugenio Garzón, que declaró que sólo obedecería órdenes de Lavalleja; el cual, por su parte, declaraba expresamente que no aspiraba a derrocar a Rivera sino a mantener el mando del Ejército.
Sin embargo, Lavalleja resultó finalmente derrotado y debió internarse en el Brasil. Lavalleja no cejó en sus propósitos de resistir por las armas la autoridad constitucional de Rivera. Obtuvo el apoyo del caudillo brasileño Bentos Gonçálvez — quien acariciaba el proyecto de reunir el Estado de Río Grande del Sur con la Banda Oriental en una “República de Piratiní” — así como del Gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas con quien Lavalleja tenía vinculaciones desde la época en que le había facilitado los medios para emprender la Cruzada de los 33.
El 6 de abril de 1833 el Cnel. Garzón con el apoyo del Cnel. argentino Manuel de Olazábal, invadieron desde Brasil y llegaron a ocupar brevemente la ciudad de Melo; aunque debieron retirarse ante la proximidad de tropas del Gobierno de Rivera. En marzo de 1834, Lavalleja volvió a invadir, esta vez desde Entre Ríos, desembarcando con un centenar de tropas en la zona de Nueva Palmira y proclamando la destitución de Rivera; pero perseguidos por tropas gubernistas hacia el norte, fueron derrotados y Lavalleja debió refugiarse nuevamente en Río Grande del Sur. Desde allí intentó una nueva invasión por Livramento, en setiembre de 1834, pero nuevamente debió retirarse al Brasil.
Al llegar el 24 de setiembre de 1834, el cumplimiento de los 4 años de su mandato constitucional como Presidente de la República, Rivera hizo entrega del Poder Ejecutivo en calidad de interino, al Presidente del Senado, Carlos Anaya. Con el objetivo enunciado de evitar que el anterior Presidente influyera en la elección de su sucesor, la Constitución de 1830 había establecido que el mandato se extinguiera dos semanas antes de la elección del sucesor, quedando de Presidente interino el Presidente del Senado.
Pero durante su interinato, Carlos Anaya volvió a crear el cargo de Comandante General de la Campaña, para el cual designó al Gral. Fructuoso Rivera; lo cual constituyó un hecho de extrema importancia para los futuros sucesos políticos e históricos del país.
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